Las Perspectivas económicas provisionales de la OCDE de la semana pasada confirmaron, como se esperaba, que el brote del COVID -19 tendrá un impacto extremadamente grave en la economía en China y el resto del mundo. La semana pasada confirmaron, como era de esperar, que el impacto del brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) en la economía de China y del resto del mundo será extremadamente grave.

Las restricciones a la circulación de personas, bienes y servicios, y las medidas de contención, como el cierre de fábricas, han reducido drásticamente la producción industrial y la demanda interna de China. Como consecuencia de ello, la OCDE ha reducido su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de China para 2020, pasando de una estimación inicial de crecimiento del 5,7 % en noviembre de 2019, a un crecimiento mucho menor, del 4,9 %, en marzo de 2020. Del mismo modo, debido al peso de China en la economía mundial y a la rápida expansión de la COVID-19 en todo el planeta, la OCDE ha indicado que el crecimiento del PIB mundial podría reducirse de un 2,9 % de por sí ya flojo en 2019 a un 2,4 % todavía menor en 2020.

Si bien el impacto económico de la COVID-19 en la economía china y mundial se está vigilando y evaluando cuidadosamente, por el momento se sabe poco sobre los efectos del brote en otros sectores "no económicos", como el "desarrollo".

Como miembro del personal del FIDA con sede en China, expondré algunas reflexiones personales sobre el posible efecto de la COVID-19 en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en particular del ODS 2, la seguridad alimentaria, tanto en China como en el resto del mundo.

Permítanme señalar de antemano que los datos de que se dispone actualmente son muy limitados, lo que dificulta enormemente una evaluación de este tipo. Por consiguiente, mis consideraciones se basan principalmente en las observaciones personales que he realizado en China.

Teniendo en cuenta que la contribución del sector agrícola al PIB de China es de aproximadamente el 7 %, el impacto de la COVID-19 en el conjunto de la economía china afectaría igualmente al sector agrícola y la seguridad alimentaria. A este respecto, podemos prever un impacto a más corto plazo, o inmediato, y un impacto a más largo plazo, que puede tener consecuencias mundiales.

Impacto inmediato

Las restricciones a la circulación de personas y el cierre de fábricas impuesto por el Gobierno de China han afectado a la circulación de productos alimentarios y agrícolas y, por consiguiente, a su disponibilidad, y han interrumpido varias cadenas de valor, con posibles repercusiones en los precios.

Sin embargo, lo que se ha observado hasta ahora, en contra de la lógica, es que, a pesar de la limitada circulación de alimentos, el suministro se ha mantenido en general estable y, salvo contadas excepciones, los precios de los alimentos se han mantenido igualmente estables en general en el país. Esto puede atribuirse probablemente a la gran disponibilidad de reservas de alimentos en el momento del brote, cuando comenzaron a aplicarse las medidas de restricción a la circulación.

No obstante, cuanto más tiempo persista la situación y cuanto más tiempo se mantengan las medidas restrictivas, más tensión se ejercerá sobre el sistema en su conjunto. Si no se restablece pronto la circulación de personas, las existencias de alimentos están abocadas a reducirse y los precios a aumentar.

Evidentemente, los más afectados serán los segmentos más pobres y vulnerables de la población, que tienen menos capacidad para hacer frente a los prolongados efectos negativos (en particular sobre la mano de obra, los salarios y la producción y, en última instancia, sobre los ingresos de los hogares) de las medidas preventivas restrictivas.

Impacto a mediano y largo plazo (y posible impacto mundial)

Más allá del impacto a corto plazo de las medidas aplicadas en el suministro de alimentos, si la situación persiste y se mantienen las restricciones a la circulación, existe el riesgo de que la producción agrícola se vea afectada, con los consiguientes efectos a más largo plazo y más profundos en la disponibilidad de alimentos, los precios y, en definitiva, la seguridad alimentaria en su conjunto.

De hecho, en el mes de marzo comienza la temporada de siembra en muchas provincias de China. Si, debido a las restricciones de movimiento, la temporada de siembra se pierde o se retrasa, es probable que la producción de este año se vea afectada, que la demanda interna de alimentos no se satisfaga y que aumente la presión sobre las importaciones agrícolas, con consecuencias para la disponibilidad mundial de alimentos y su precio. El riesgo de acabar teniendo que hacer frente a una situación similar a la de la crisis alimentaria de 2008 es, aunque por el momento remoto, una posibilidad que no debe descartarse por completo. Los dirigentes del país son conscientes del posible riesgo y están dando una gran prioridad a la pronta reanudación de la producción agrícola.

Incluso en el caso probable de que China no sufra escasez de alimentos, la seguridad alimentaria mundial podría verse amenazada si, como consecuencia de la propagación de la COVID-19 en todo el mundo, otros países empiezan a experimentar tensiones en su capacidad de producción agrícola y en la circulación de alimentos, en particular los países en desarrollo.

Posibles soluciones y posibles dilemas

China necesita reactivar la economía, incluida la industria alimentaria, desde la producción hasta la distribución, lo antes posible. Es preciso retirar las limitaciones inmediatas a la circulación de personas y bienes en cuanto sea posible, de manera que pueda reanudarse la actividad agrícola y se restablezcan las cadenas de suministro de alimentos sin grandes retrasos.

El Gobierno está alentando la reanudación de las actividades normales, en particular en las zonas menos afectadas por el brote. No obstante, los gobiernos locales se enfrentarán a un dilema: por una parte, la necesidad de reactivar la economía y, por otra, el riesgo de un repentino resurgimiento de una segunda oleada de la epidemia, si se relajan demasiado pronto las medidas preventivas tan bien aplicadas.

En segundo lugar, China necesita establecer un sistema de redes de seguridad para reducir el impacto del brote en el segmento más vulnerable de la sociedad. Ese grupo de personas puede haber sufrido de manera desproporcionada la reducción prolongada de ingresos, el aumento de los costos sanitarios y el acceso limitado a los alimentos. Entre las medidas que pueden adoptarse cabe mencionar el pago de la atención de la salud, la ampliación de los plazos de pago de préstamos, facturas e impuestos, la concesión de licencias por enfermedad remuneradas y la prestación de otras formas de apoyo económico, como las transferencias puntuales de efectivo.

Obviamente, los países de ingreso bajo tendrán un margen fiscal limitado para poner en marcha redes de seguridad que permitan reducir los efectos de la COVID-19 en los más vulnerables, aumentando así su exposición a las consecuencias de la pandemia, incluida la posibilidad de un acceso limitado a una cantidad suficiente de alimentos asequibles. En consecuencia, el posible impacto de la COVID-19 en la seguridad alimentaria de los países de ingreso bajo podría ser mayor.

De ahí la importancia de invertir en las personas más pobres y vulnerables, en particular las personas pobres de las zonas rurales, para fortalecer su resiliencia y aumentar su capacidad para hacer frente a las crisis, y de apoyar a los países en desarrollo en previsión de los efectos de la COVID-19.